En concreto su petición supone 28.062.950 por las pérdidas de sus negocios al entrar en prisión, 200.000 euros por daño psicológico, 405.000 por lastrar su reputación y 320.000 por daño afectivo. Sandro Rosell, tras la absolución, ha demandado al Estado español por responsabilidad patrimonial y reclama cerca de 30 millones de euros para resarcirse por haber estado en prisión preventiva durante casi 2 años.
